Se confirma la detención de un juez de la República, oficiales de tránsito y un funcionario del Consejo de Transporte Público. Hoy agentes judiciales iniciaron desde horas de la mañana con alrededor de 40 allanamientos en el Valle Central. También se dan operaciones en Puntarenas.
Al parecer la razón de las acciones se da buscando a los responsables de fraudes registrales, mediante la falsificación de documentos, para apropiarse de terrenos y posteriormente venderlos.
La operación fue denominada “Madre Patria“, debido a que personas de nacionalidad español se encontrarían involucrados.
Por el momento llevan 21 personas detenidas, el objetivo son 40. Funcionarios públicos, cabecillas y notarios, son las principales figuras que se buscan.
Investigación sobre el caso data de hace dos años.
La organización tendría mucho capital. Randall Zúñiga, director del Organismo de investigación Judicial (OIJ) afirmó que una transacción por medio de la moneda bitcoin lograron apropiarse de $13 millones.
Añade que el juez detenido tenía dos funciones. Una era darle asesoría al grupo criminal, en la forma en que se presentaban los documentos y trámites. Aparte facilitaba la infraestructura de sus negocios, como los son outlets y transporte de carga (naviera), para legitimar capitales.
También una empresa de autobuses fue intervenida. Acá el trabajo de los oficiales de tránsito se hace presente. Supuestamente estos oficiales le hacían partes a las unidades de las líneas de bus rivales, de esta manera su capital disminuía y podían optar por su compra.
Incluso una comunidad se quedó sin servicio de bus por las acciones.
Zúñiga detalla que los sospechosos se apropiaban de propiedades, contabilizan más de 100. Solo una propiedad tiene un valor de $30 millones. Al parecer buscaban propiedades que tuvieran algún tipo de interés patrimonial, de desarrollo inmobiliario y apropiaban de manera ilegal.
También se aprovechaban de un vacío legal, que se genera a través de personas jurídicas que en el caso de las sociedades que no pagaban los impuestos correspondientes. Ello falsamente designaban un liquidador y este liquidador se apropiaba falsamente de las propiedades que estaban ligadas a las sociedades.
Algunas personas compraron dichas propiedades de buena fe. El caso del juez y distintos funcionarios